No es modernidad. Es inventario. La Ley de Economía Digital que viaja con el Paquete Económico 2027 no se vende como un capricho tecnológico: se vende como formalidad, seguridad y “facilidades”. Lo que propone, en los hechos, es otra cosa: que el Estado deje de tolerar transacciones que no puede ver, rastrear y, llegado el momento, condicionar.
Claudia Sheinbaum lo dijo sin adorno: menos efectivo, más pago electrónico. Hacienda lo envolvió en el combate a factureras y evasión. El paquete no crea impuestos nuevos; crea algo más útil para quien gobierna: el mapa de lo que la gente compra, cobra, mueve y guarda.
El diseño es elocuente. Hacienda no “sugiere” que ciertos giros acepten tarjeta. Podrá declarar sectores estratégicos en los que el billete deje de ser medio de pago. Gasolinera, caseta, trámite, mostrador: el día que esa secretaría publique la lista, el ciudadano no discute. Paga como le indiquen o no consume. Quince días hábiles después de publicada la ley, si el Congreso la saca, Hacienda señala los primeros rehenes. Eso no es transición suave. Es facultad de apagar el efectivo por decreto sectorial.
La CURP Digital para abrir cuentas a distancia cierra el círculo. Identidad única, expediente ciudadano, onboarding bancario sin ventanilla. Quien quiera existir en el circuito formal —crédito, nómina, transferencia— pasa por la llave del Estado. Banxico y la CNBV ganan terreno sobre terminales, QR obligatorio, diseño de las aplicaciones con las que se paga. Los bancos deberán digitalizar el crédito. La Federación, estados y municipios cobrarán trámites en plataforma. El gobierno se cobra a sí mismo en la misma red que quiere imponer al resto.
El argumento oficial es conocido: menos comisiones, menos asaltos, más formalidad, meta de que la mitad de los pagos sean digitales hacia 2030. Suena técnico. En la práctica, cada pago deja huella, cada excepción por “falla de red” queda a criterio de quien regula, y quien vive del efectivo —el tianguis, el jornal, el adulto mayor, el pueblo sin señal— no aparece en el folleto de la mañanera.
Eliminar el efectivo no es solo quitar papel de la cartera. Es concentrar el flujo de la vida cotidiana en rieles que el Estado y los intermediarios pueden encender, apagar, auditar y cruzar. Quien controla el medio de pago no necesita prohibir la compra: le basta con definir por dónde puede hacerse.
Por eso el título fácil —“adiós al efectivo”— se queda corto. Lo que se discute en el Congreso no es una app más. Es si las transacciones entre particulares seguirán siendo, en algún margen, asunto de dos, o si toda compraventa deberá rendir cuenta ante Hacienda para que el país se declare, por fin, “moderno”.